Reclamación por manipulación del kilometraje de un vehículo de ocasión

ARAG publica un artículo muy interesante en el que explica los pasos a seguir si nos sentimos engañados en la compraventa de vehículos de ocasión. En la compraventa de vehículos de ocasión existe un porcentaje significativo de casos en los que los quilómetros que marca el cuentakilómetros del vehículo no se corresponden con los kilómetros reales, habiéndose producido una manipulación del mismo por parte del vendedor con la intención de obtener un beneficio económico.

La manipulación del cuentakilómetros, incluso en el caso de los nuevos cuentakilómetros digitales, resulta relativamente sencilla de realizar, lo que hace necesario por parte del consumidor adoptar una serie de precauciones previas a la firma del contrato de compraventa para intentar evitar esta práctica, que supone un perjuicio evidente para sus intereses, en tanto que está pagando un sobrecoste respecto del precio real que hubiera pagado por ese vehículo, además de los riesgos que puede suponer de cara a la seguridad vial.

En primer lugar, es fundamental que en el propio contrato de compraventa se informe al comprador tanto de la fecha de la primera matriculación como de los kilómetros recorridos por el vehículo en el momento de la adquisición del mismo.

Hay que tener en cuenta que el consumidor dispone de instrumentos para poder verificar si es correcto lo que establece el contrato, ya que desde Enero de 2014 existe la obligación de que en las estaciones de ITV se registren los kilómetros que tiene el vehículo, y esta información debe ser trasladada a la Dirección General de Tráfico y, por lo tanto, consultada por cualquier persona que esté interesada en la adquisición de un vehículo de segunda mano. Por otro lado, desde hace ya algunos años, muchos fabricantes han implantado el libro de mantenimiento electrónico, en el que se reflejan los kilómetros que tiene el vehículo en el momento de realizar cada una de las revisiones (es posible dirigirse al fabricante para consultar estos datos).

Sería también conveniente solicitar, en el momento de la compra, el histórico de mantenimiento y reparaciones del vehículo, así como que un profesional proceda a la revisión del estado real del mismo.

Si a pesar de estas precauciones la compraventa se realiza y no se detecta el fraude hasta un tiempo después, es importante conocer cuáles son los derechos del comprador frente a quien le ha vendido el vehículo.

Lo primero que se plantea es la posibilidad de acudir a la vía penal. Es cierto que la manipulación del cuentaquilómetros de un vehículo en sí misma no se puede considerar un delito, pero sí lo será cuando con ello se persiga, por parte del vendedor, obtener un beneficio económico mediante el engaño, dirigido a provocar un error en el comprador que estaría pagando un precio superior al que hubiera desembolsado de conocer las características reales del vehículo. En este caso se puede hablar de un delito de estafa, que puede suponer para el vendedor una pena de hasta 3 años de cárcel si la cuantía de la estafa supera los 400 €.

Hay que tener en cuenta que el delito de estafa prescribe a los tres años, por lo que el comprador deberá presentar una denuncia ante el juzgado de guardia o bien acudir a denunciar ante la policía antes de transcurridos tres años desde la adquisición del vehículo.

Otra vía de actuación posible para el consumidor es solicitar la resolución del contrato y exigir la devolución del precio que ha pagado o bien quedarse con el vehículo pero acordando con el vendedor una rebaja del precio. La reclamación puede hacerse a través de los servicios de consumo de la Comunidad Autónoma, cuando se trata de una compra realizada a alguien que se dedique profesionalmente a la venta de vehículos, solicitando acogerse al sistema de Arbitraje de Consumo, aunque hay que tener en cuenta que este procedimiento de arbitraje tiene carácter voluntario y debe ser aceptado por ambas partes para que se lleve a cabo. En caso de no aceptarse existe la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial ante el juzgado de primera instancia pidiendo la resolución del contrato o la rebaja del precio, no siendo esto incompatible con la denuncia por estafa.

Via ARAG

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